La subcontratación llego a México para solventar la necesidad de organizar la mano de obra de ciertas empresas, posteriormente, este esquema fue diversificándose en varios sectores sin que esto implique la eliminación de derechos a los trabajadores u obligaciones de los patrones.
Con el paso del tiempo, las diversas administraciones públicas tuvieron que emitir leyes y reglas para su correcta regulación y aplicación en México, incluso cumpliendo con reglas que garantizaran que en su aplicación, no se estaban llevando a cabo, actividades de financiamiento al terrorismo y lavado de dinero, por lo que esto llevo al aumento de las obligaciones para las empresas prestadoras del servicio de subcontratación, a efecto de generar un esquema de certidumbre en lo corresponde a su aplicación jurídica.
Bajo esta premisa, se observa que la subcontratación no constituye una actividad ilegal, mucho menos ilícita y en otro sentido, es la misma que solventaba las necesidades de empleo que se presentaban en el país, ya que, trabajaba en conjunto con los patrones en la distribución de las cargas laborales, fiscales y de seguridad social. Sin embargo, pese a ser ya una actividad regulada por las leyes laborales como corresponde, estamos ahora ante un escenario que ha optado por prohibirla, considerando solo su aplicación para casos excepcionales como lo es un servicio especializado, dejando en evidencia el desconocimiento de lo que realmente constituye la subcontratación, su utilidad y relevancia en la generación de empleos en el país.
En México, existe una constante inclinación por parte del Estado en generar marcos normativos que se adecuen a la política fiscal del partido en turno, generando así grandes cambios a esquemas ya establecidos en administraciones pasadas, aun cuando estos cambios constituían una revolución en la esfera jurídica de los contribuyentes. Actualmente, estamos frente a una administración que se ha caracterizado por ir en contra de los modelos neoliberales, libre mercado y sector empresarial, acusando incluso a las administraciones públicas pasadas de ser cómplices de violentar los derechos de los trabajadores en materia laboral y de seguridad social, llegándolos a etiquetar como grupos criminales
Como resultado de esta percepción, se empezó a regular la subcontratación desde un punto de vista de la prohibición, considerando la generalidad, pero no las particularidades que esta decisión pudiese llegar a tener en el ámbito del empleo en México.
Una de las principales quejas para llevar a la subcontratación al terreno de la prohibición fue que este esquema operaba solo en daño moral hacía los trabajadores, privándolos de todo derecho laboral y creando escenarios de simulación, teniendo como resultado un esquema de subcontratación ilegal. Aunado a lo anterior, se sostiene que este esquema tiene como única finalidad la emisión de comprobantes fiscales que respalden estas operaciones, denominando a estas empresas como “factureros”.
Ante esta postura por parte del Gobierno Mexicano, es necesario preguntarse: ¿La legislación aprobada en materia de subcontratación ayudará a solucionar los problemas de empleo en México?
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